Una nueva oportunidad para la Paz en Colombia

Desplazados colombianos

En Colombia, ni el crecimiento económico constante, ni una trayectoria democrática consolidada, al menos desde el punto de vista formal, han servido para mitigar la pobreza y la desigualdad. La debilidad del Estado ha impedido que éste se haga con el control efectivo de la totalidad del territorio colombiano y ha marcado su impotencia para garantizar la seguridad y la protección de los derechos fundamentales de la población. Después de acceder a la independencia, Colombia sufrió enfrentamientos violentos entre distintos grupos políticos para conseguir el control del Estado. El conflicto actual, que se prolonga ya por cinco décadas, se inició con la aparición de movimientos insurgentes que constituían un desafío para el sistema, actuando al margen y en contra del Estado. Los numerosos procesos de paz no han podido detener un conflicto extremadamente violento. Colombia es unos de los países con mayor cantidad de desplazados internos del mundo. Sus consecuencias han traspasado las fronteras de Colombia. Además de los millones de desplazados internos, muchos colombianos no han dudado en cruzar la frontera, huyendo a Ecuador o Venezuela. Y para evitar el hostigamiento de los militares y los narcos los guerrilleros tampoco han dudado en cruzar la frontera cuando lo han considerado necesario.

 Ahora, se anuncia el enésimo proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC), que abre una nueva puerta a la esperanza de que la paz se instale por fin en Colombia y se pueda hacer justicia a los millones de víctimas de este conflicto.  Los fracasos de otros procesos de paz en el pasado auguran grandes dificultades para los negociadores.

En los años 60 surgieron con gran fuerza en Colombia varios movimientos insurgentes, de naturaleza fundamentalmente  guerrillera. Además de  las ya mencionadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de ideología comunista y extracción campesina, comenzaron a operar el Ejército Popular de Liberación, de inspiración maoísta, así como el Ejército de Liberación Nacional, con la revolución cubana como punto de referencia, y cuyas filas se nutrían fundamentalmente de estudiantes.  Algo más tarde el M-19 se sumó también a la insurgencia, con el objetivo de revitalizarla a través de golpes más efectistas.

El gobierno colombiano ha utilizado distintas estrategias a lo largo de los años para luchar contra la guerrilla.

A finales de los años 70 el Presidente Ayala declaró el estado de excepción para  tratar de aplastar la insurgencia con una respuesta inadecuada y extremadamente represiva, establecida en el Estatuto de Seguridad (Decreto 1928 de 1978). La dura represión produjo el efecto contrario al que se pretendía, pues acabó fortaleciendo a la guerrilla.

En la primera mitad de los años 80 el Presidente Belisario Betancur trató de desarrollar un plan de paz, sobre la base de la Ley 35 de 1982, en la que se llegaba a contemplar la concesión de una amnistía generalizada.  Los líderes de los diferentes movimientos guerrilleros acabaron rechazando la oferta de reconciliación. Hoy en día debido a la evolución del Derecho internacional, una amnistía para los culpables de graves violaciones de derechos humanos como la que ofreció Bentancur se consideraría inaceptable, lo que añade sin duda mayor complejidad a la resolución del conflicto, aunque garantiza que cualquier acuerdo de paz es sostenible y compatible con el anhelo de justicia de las víctimas.

En los años 90, a pesar de la desactivación del M-19 y la desmovilización casi completa del EPL, el conflicto se recrudeció merced al creciente protagonismo de los paramilitares y los narcotraficantes. Ambos se convirtieron en actores esenciales del conflicto colombiano. Durante el mandato de Ernesto Samper, se lanzó un nuevo  proceso de paz con el ELN, con la mediación de la Iglesia católica y el apoyo del Gobierno alemán, en el que se trató de implicar también a la sociedad civil. Igualmente Samper intentó infructuosamente establecer cauces de diálogo con las FARC. Todas estas iniciativas fracasaron.

Los paramilitares surgieron a partir de los grupos de autodefensa que, aunque autorizados desde los años 60, no pasaron a ser promovidos de modo determinante por el Ejército hasta finales de los años 80. Estos grupos fueron usados por los militares para llevar a cabo una guerra sucia contra la guerrilla. Su estrategia era socavar la base social de la insurgencia y, con ese afán, perpetraron masacres, asesinaron a activistas de derechos humanos y periodistas, y hostigaron cruelmente a la población civil. Los paramilitares no estaban únicamente empeñados en luchar contra la guerrilla, sino que también actuaban al servicio de los latifundistas y de los narcotraficantes para garantizar su seguridad.

El narcotráfico empezó a corroer Colombia en los años 60. Del tráfico de marihuana se pasa a la cocaína y surgen los poderosos carteles como un auténtico desafío para la autoridad del Estado.  En la actualidad y debido a las campañas gubernamentales contra el cultivo de coca, parece que los narcotraficantes están moviéndose hacia las drogas sintéticas. El narcotráfico y la corrupción asociada a él han penetrado el Estado colombiano (se ha llegado a utilizar el calificativo de narcoEstado), pero también la guerrilla. En algunas regiones del país ésta última ha pasado a ofrecer protección a los narcos a cambio de dinero.  Por otro lado, los narcos han adquirido la propiedad de casi la mitad del territorio cultivable colombiano.  Y no hay que olvidar que la lucha por la propiedad y el control de la tierra es una dimensión importante del conflicto.

Las campañas para erradicar el narcotráfico se han sucedido a lo largo de los años. El Plan Colombia, desarrollado con el decidido apoyo de Estados Unidos y presentado por el Presidente Pastrana en 1999, se planteaba el objetivo de erradicar las plantaciones de coca, junto con los de reactivar la economía, favorecer el desarrollo social y retomar las negociaciones de paz. El hostigamiento a los narcotraficantes, unido al flujo de refugiados ha inspirado un justificado temor a la regionalización del conflicto. Los momentos de tensión entre Colombia y sus vecinos han sido constantes. De hecho, Ecuador ha llegado a plantear una demanda contra Colombia ante el Tribunal Internacional de Justicia por el empleo de herbicidas tóxicos en territorio ecuatoriano.

El Presidente Pastrana auspició un nuevo intento de negociar la paz, sobre la base de un alto el fuego que fue aprovechado por la guerrilla para fortalecerse. Posteriormente, durante la presidencia de Uribe se puso en marcha la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, algunas de cuyas disposiciones tuvieron que ser modificadas a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional colombiana (C-370/2006). Con esta Ley se inició un proceso que sigue todavía en marcha y en el que se trata de impulsar y garantizar la desmovilización y el desarme de los grupos paramilitares. Tal proceso se ha venido desarrollando bajo la mirada atenta de la Corte Penal Internacional, que tiene abierta desde hace unos años una investigación preliminar sobre el país. Durante su mandato Uribe inició procesos de diálogo con el ELN.

La iniciativa más reciente se ha puesto en marcha este mismo año (2012) bajo la presidencia de Santos. Se trata de un proceso de diálogo con las FARC, aunque abierto a la participación de otros grupos insurgentes. El ELN ha rechazado participar en estas negociaciones por el momento. Los llamados diálogos de paz se abrirán en octubre de 2012 en Oslo y proseguirán en Cuba. El gobierno de Santos se ha fijado el verano de 2013 como límite para lograr resultados en al menos alguno de los puntos de la agenda, en la que figuran cinco ámbitos de negociación: tierras, garantías de participación política, narcotráfico, fin del conflicto y víctimas. Las FARC hablan de una nueva oportunidad histórica y vaticinan que si las negociaciones fracasan el conflicto se podría extender otros 50 años. La dificultad de la empresa queda ilustrada por las primeras discrepancias entre las partes. Mientras que para las FARC el Gobierno colombiano debería decretar un alto el fuego durante las negociaciones, el Gobierno, temeroso de que se reproduzca lo que sucedió durante las negociaciones de paz auspiciadas por Pastrana que fueron aprovechadas por la guerrilla para rearmarse, ha rechazado esta condición y se ha comprometido a proseguir la lucha militar y a no ceder ni un centímetro del territorio colombiano. Sin duda, esto  supondrá una complejidad añadida para unas negociaciones que se producirán mientras la lucha armada continua en ambos bandos.

Al texto de la Ley de Justicia y Paz, así como al de los Reglamentos de desarrollo, se puede acceder en la página web de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz

En la misma página web se puede acceder a la Ley de Victimas 1445/2011: LEY 1448 DE 2011

Se puede obtener más información sobre la investigación preliminar del Tribunal Penal Internacional aquí.