El Drama De Mali

Mali protagoniza desde hace unos meses un nuevo drama humanitario en la región del Sahel, uno de los eslabones del cinturón de exclusión - que aprieta la conciencia ética de la comunidad internacional -. Y sus consecuencias  pueden desbordar peligrosamente las fronteras del país, por lo que la situación allí es una amenaza de dimensiones regionales y globales. Mali que disfrutaba de un régimen constitucional relativamente estable desde 1991 se vio sacudido por un golpe de Estado militar el 22 de Marzo de 2012. El autodenominado Comité Nacional para el Restablecimiento de la Democracia provocó la salida del país del presidente constitucional, Amadou Toumani Touré (ATT). Los militares se hicieron con el poder, con la excusa de que el gobierno no se había mostrado lo suficientemente fuerte para controlar al movimiento tuareg secesionista en el Norte del país y de que, por tanto, la integridad de Mali estaba en grave riesgo. 

Presidente Touré, destituido por el golpe de Estado

El golpe de Estado fue condenado rápidamente y con contundencia desde la Unión Africana y ECOWAS (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). La primera organización suspendió a Mali y la segunda adoptó sanciones contra el régimen golpista al mismo tiempo que auspiciaba un proceso de mediación que culminó a principios de abril, tan sólo unos días después del golpe de Estado, en la entrega del poder por parte de los militares a un gobierno de transición de carácter civil. El gobierno de transición tiene la difícil tarea de organizar el retorno al orden constitucional.

El golpe militar desestabilizó gravemente al país y produjo el efecto contrario al que supuestamente pretendía. La integridad territorial de Mali se quebró de facto. El gobierno perdió completamente el control del Norte, que quedó en manos de los tuareg independentistas (Movimiento para la liberación de Azaward) y de grupos islamistas radicales, que no ambicionan la independencia sino el establecimiento de la Sharia en todo el país.  En la actualidad estos grupos dominan la mitad del territorio. Miles de personas han huido de los islamistas y se encuentran ahora como desplazados en el sur o como refugiados en los países vecinos.

El grupo yihadista Ansar Dine (los defensores de la fe), conectado con Al Qaeda para el Magreb Islámico, controla la ciudad de Tombuctú. En respuesta a una resolución de la UNESCO en la que se declaraba a la ciudad como patrimonio mundial en peligro, los yihadistas se lanzaron a quemar mausoleos religiosos. Ante estos acontecimientos y la fuerza que está cobrando el movimiento islamista radical hay quien ya compara Mali con Afganistán.

La destrucción de los mausoleos ha sido condenada por la Unión Africana y por ECOWAS. En este contexto, la situación política está lejos de estabilizarse. En una Resolución adoptada el pasado 5 de julio sobre la base del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas - Resolución 2056 (2012) - , el Consejo de Seguridad manifiesta expresamente su apoyo a la labor desarrollada por ECOWAS y la Unión Africana, en coordinación con el Gobierno interino de Mali y se condena la destrucción de los mausoleos religiosos. Se solicita a los rebeldes independentistas y a los islamistas radicales que restituyan la integridad territorial de Mali  y se pide que se intensifiquen los esfuerzos de mediación. En esta Resolución se encarga al Secretario General de Naciones la elaboración de una Estrategia Integrada para el Sahel, en la que se debe abordar el problema de la debilidad institucional de los Estados de la región y la amenaza terrorista, pero también el desarrollo, los derechos humanos y las cuestiones humanitarias. La Resolución del Consejo también toma nota de la propuesta de establecer una Fuerza de Estabilización en Mali y se compromete a estudiarla una vez que se le hayan facilitado más detalles. La posibilidad de una intervención armada en Mali para garantizar la integridad territorial del país, organizada desde ECOWAS y la Unión Africana, con el apoyo de Naciones Unidas parece cada vez más cercana.

En una región donde la pobreza se manifiesta como la principal violación de los derechos humanos de la población, ahora amenazada por una hambruna provocada por la prolongada sequía, y donde los Estados fallidos o semifallidos acumulan déficits claros de gobernanza, seguridad y democracia, los esfuerzos de la comunidad internacional, apoyados en la acción de las organizaciones regionales deben multiplicarse. 

Ahora que las burbujas de bienestar nos estallan en las manos a los europeos, no debemos olvidar que en Europa seguimos disfrutando de un espejismo, nublado o distorsionado por la crisis en este momento, mientras que en el desierto africano millones de personas sufren las consecuencias de un orden internacional profundamente injusto.