La sentencia de Tribunal Supremo sobre la ley de inmigración de Arizona ha confirmado la constitucionalidad de la disposición que permite a la policía pedir papeles a quien haya sido detenido o arrestado y se considere sospechoso de residir ilegalmente en los Estados Unidos (la cláusula 2B) . Como denuncian las organizaciones de inmigrantes y los activistas de derechos humanos, esta disposición abre la puerta a los abusos y al acoso policial por motivos de raza o etnia.
Es pertinente recordar que en aplicación de esta disposición las autoridades no pueden incurrir en lo que se denomina "racial profiling" o establecimiento de perfiles por razón de raza o etnia. El racial profiling es una actuación discriminatoria contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como el artículo 12 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen social o nacional.
España lo sabe bien, pues el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó, en 2009, que nuestro país había vulnerado el artículo 12 del Pacto, por realizar prácticas de este tipo (Caso Rosalind Williams Lecraft v. Spain).
La cláusula 2B no prevé un control de cualquier persona, sino únicamente de las que han sido detenidas o arrestadas por otra causa ajena a su condición de inmigrante. Y si la persona muestra un carné de conducir, se debe presumir que su situación es regular. Además se establece expresamente que la sospecha razonable de las autoridades no puede basarse en la raza u origen étnico. No obstante, habrá que vigilar atentamente su aplicación.
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