La comisaria de justicia de la Unión Europea,
Viviane Reding, alerta sobre el riesgo de regresión democrática, al mismo tiempo que, paradójicamente, los recelos y el nerviosismo cunden ante el anuncio del referendum sobre el recientemente firmado Tratado fiscal en Irlanda. El condicionamiento de la ratificación de un tratado internacional a su aprobación en un referendum es un requisito establecido en el orden constitucional de un Estado, un ejercicio de control democrático directo sobre la acción exterior de un Gobierno.
Jose Ignacio Torreblanca subraya que los referendos nacionales en un marco supranacional como la Unión Europea no han servido para poner en manos de los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre su futuro. Lo cierto es que no siempre ha sido así y que en el caso de Irlanda, el no de los ciudadanos al Tratado de Lisboa permitió que su Gobierno obtuviera concesiones adicionales, no meramente cosméticas, que hicieron posible la aprobación del Tratado en un segundo referendum.
Los ciudadanos europeos vivimos en el marco de una realidad jurídica y política pluralista y compleja. A pesar del alto grado de integración entre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y los ordenamientos nacionales, todavía ambos siguen siendo sistemas diferenciados. El principio de primacía del Derecho de la UE, proclamado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los años 60, no ha sido aceptado en su integridad por los tribunales constitucionales nacionales, ni siquiera por el español, que en una pirueta dialéctica proclamó en su
Declaracion 1/2004, de diciembre del mismo año, que aún reconociendo el principio de primacía del Derecho Europeo, la Constitución española era la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Los recelos que el principio de primacía despertaba, a pesar de su aplicación uniforme en el ámbito de la Unión Europea, hicieron que no pudiese quedar reflejado expresamente en el Tratado de Lisboa a pesar de haber sido incluido en la primera versión, la que todavía se llamaba "constitucional". (ZILLER; GRILLER,
"The Lisbon Treaty: EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty").
Los Estados siguen siendo los que manejan la batuta en lo que se refiere a la creación del derecho originario y de la voluntad estatal dependen los avances en el proceso de integración. Si en la formación de la voluntad de un Estado se tiene en cuenta no sólo la decisión de un Gobierno, sino la opinión del pueblo, mucho mejor. De las experiencias pasadas se aprende y esta vez no se ha exigido la unanimidad para la entrada en vigor del Tratado fiscal. Eso puede contribuir a que el pueblo irlandés lo acepte porque su veto no bloquearía en ningún caso su aplicación a los Estados que lo hayan ratificado. Serán los propios irlandeses los que padecerían los efectos negativos de un eventual rechazo de la ratificación porque quedarían privados del acceso al fondo de rescate. Además buena parte de los compromisos de austeridad que contiene el tratado han sido ya incorporados a normas comunitarias que se aplicarían en todo caso a Irlanda. No obstante, cabe esperar cualquier cosa y basta echar un vistazo a los comentarios de los irlandeses sobre este tema en los distintos medios de comunicación para percibir el hartazgo y la indignación en buena parte de la ciudadanía.
El desprestigio y declive de la Unión Europea no proviene de la celebración de los sucesivos referendos. La fuente del descrédito europeo hay que buscarla en los gobiernos europeos. Demasiadas veces se han empeñado en tratar de imponer soluciones y formulas a espaldas de la ciudadanía, sin hacer una labor pedagógica para tratar de explicar lo que se cuece (lo que ellos estaban cociendo) en Bruselas. En 2009 aprovecharon para debilitar el nuevo esquema institucional inaugurado por el Tratado de Lisboa, eligiendo como presidente del Consejo Europeo y Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad respectivamente a dos personas sin ninguna capacidad de liderazgo. La crítica a la Alta Representante ha sido encarnizada, a veces merecida, otras no tanto. Van Rompuy ha salido más indemne. El Presidente del Consejo Europeo, amante de los haikus, cuyo mandato ha sido
renovado en el Consejo Europeo que se acaba de celebrar, pasará a la historia como el presidente burócrata. Se ha limitado a ser un buen organizador, no el líder que la Unión Euroea necesita. Durante su mandato la presidenta de facto de la Unión Europea ha sido la canciller alemana, Angela Merkel. Van Rompuy ha ejercido como Presidente adjunto o incluso se puede sostener que como mero secretario.
La Unión se ha ido debilitando desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Aunque el declive había comenzado antes, con su “desconstitucionalización” y con procesos de ampliación mal implementados. Hasta la Alta Representante ha renunciado al objetivo de hablar con una sola voz, para reconocer que lo que hay que intentar es que las 27 voces ofrezcan el mismo mensaje. Está suponiendo que ni ella, ni el Presidente del Consejo pueden tener una voz propia, porque no la creo tan ingenua como para pensar que alguno de los dos puede dictar el contenido de ese mensaje único.
Ahora que Van Rompuy se ha asegurado la reeleción y que ya no puede aspirar a renovar su mandato podría aprovechar para desinhibirse y explotar todas las posibilidades de su cargo. Hay que volver a colocar el principio de solidaridad territorial en el centro de la agenda europea. Es legítimo pedir a los Estados que no vivan por encima de sus posibilidades, pero hay un mínimo de protección social que cualquier Estado europeo debería poder garantizar. Como ponía de relieve en su post:
¿Está Alemania enamorada de sí misma? Jose Ignacio Torreblanca, el ordoliberalismo es una propuesta alemana que trataba de introducir matices al neoliberalismo resaltando el papel del EStado en la corrección de los déficit del mercado. El mercado no lo es todo, ni siquiera es estrictamente necesario. La economía no es sinónimo de mercado. Ya lo demostró Karl Polanyi ("La gran transformación", "El sustento del hombre"). Y más razonable y acertado parece Polanyi cuanto más vamos conociendo de cómo se organizan y funcionan los enloquecidos mercados financieros.
No nos sirve que Van Rompuy se limite a repetir los mismos mensajes que Angela Merkel. El Presidente del Consejo de la Unión Europea debe hacer propuestas dirigidas a fortalecer a la Unión y no a asegurar la fidelidad del electorado hacia los que ahora gobiernan los países más poderosos. Tiene una oportunidad en su segundo mandato, el proyecto europeo se merece un Presidente del Consejo que ejerza plenamente como tal.
