Ya en el caso de Libia la Resolución del Consejo de Seguridad en que se aprobaba el uso de la fuerza contra el régimen del General Gadafi subrayaba que la responsabilidad de proteger recae fundamentalmente en el Estado, dejando claro no obstante que si un régimen, en flagrante incumplimiento del deber de proteger, se convierte en verdugo de su propio pueblo, la comunidad internacional está dispuesta a actuar.
En Libia se trató de una aplicación limitada de la responsabilidad de proteger, ajustada a las reglas del juego establecidas en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Se obtuvo el consentimiento del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza y la actuación estaba, además, legitimada por el apoyo de las principales organizaciones regionales.
El caso de Siria ofrece un marco perfecto para comprobar si la comunidad internacional está dispuesta a llegar hasta el final en el cumplimiento de su deber de proteger a la población civil. La oposición de Rusia y China hace imposible obtener el consentimiento del Consejo de Seguridad, por lo que el uso de la fuerza no se ajustaría a las condiciones exigidas por la Carta de Naciones Unidas. Ahora bien, una actuación en principio ilegal, por no ajustarse a las reglas establecidas, puede erigirse en un importante precedente que conduzca a la transformación definitiva del sistema de seguridad colectiva. La legitimidad del precedente es fundamental a este respecto.
La Resolución de la Asamblea General, de 17 de febrero pasado, aprobada por 137 países, tiene fuerza y autoridad suficiente para legitimar el uso de la fuerza con objeto de detener la matanza de civiles en Siria. Es relevante que la Resolución provenga de un órgano deliberativo con carácter plenario y alcance universal, como es la Asamblea General de Naciones Unidas.
Los países occidentales, temerosos de verse involucrados en otro escenario bélico de consecuencias imprevisibles, se muestran cautelosos y permanecen en el discurso de la ayuda humanitaria. En cambio, los países árabes, liderados por Arabia Saudita abogan por una intervención contundente que puede pasar por armar a los rebeldes. No cabe descartar que los primeros estén sopesando fuerzas y tratando de ganar tiempo para encajar una posible intervención en Siria con un golpe definitivo a Irán. Si este es el caso se está perdiendo de vista el que debería ser el objetivo prioritario. Entre tanto, la Alta Representante de la Unión Europea, sigue pecando de una verborragia documental y continua publicando declaraciones en las que demuestra un exceso de personalismo y en las que parece hablar más en nombre propio que en el de la Unión Europea.
Si no queremos cargar sobre nuestra conciencia más muertes de civiles es necesario que en todo caso el ultimatum al régimen sirio para que permita la apertura de corredores humanitarios sea firme. El nombramiento de Kofi Annan como enviado especial de la ONU y la Liga Árabe llega quizás demasiado tarde. Tiene poco margen para negociar.
No hay soluciones fáciles a la crisis siria. La prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales es una de las conquistas claves en el desarrollo del derecho internacional y hacen bien los que piden cautela a la hora de aprobar cualquier excepción a la prohibición. No obstante, el sistema de seguridad colectiva debe acabar desarrollando una dimensión humana acorde con los nuevos contenidos del concepto de seguridad. Se debe responder en este tipo de casos para proteger a las personas que están siendo masacradas por un régimen enloquecido y criminal. Aunque siempre tengan que actuar los mismos - los únicos que pueden - y aunque sea difícil evitar el doble rasero en estos casos, estoy convencida de que la situación en siria exige una actuación responsable. Esperemos que no termine siendo un escenario más en el que se vuelva a demostrar la irresponsabilidad (que no impotencia) de la comunidad internacional .
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